Mi padre era un hombre de reglamentos. No porque los citara para protegerse, sino porque los leía para entenderlos y después los aplicaba, aunque le costara amistades. Le costó varias. Presidía asociaciones condominales como si fuera un pasatiempo, con una energía que yo, adolescente, encontraba incomprensible. ¿Para qué pelearse por el presupuesto de un paso a desnivel o el de la poda de árboles? ¿Por qué importa tanto algo que no es tuyo?
Tardé décadas en entender que esa era exactamente la pregunta equivocada.
Lo que mi padre custodiaba no era suyo ni de nadie: era de todos. Y esa condición, pertenecer a todos, no lo hacía más fácil de cuidar. Lo complicaba. Nadie siente la urgencia de proteger lo que no puede perder individualmente. Nadie pierde el sueño por el río que envenenan poco a poco, por el edificio cuya fachada se deteriora sin que ningún condómino ceda primero, por la dependencia pública que despilfarra entre cuotas y cuates.
En 1968, el ecólogo Garrett Hardin publicó un ensayo trascendente. Lo llamó “La tragedia de los comunes”. Su argumento, de brutal sencillez, no ha perdido vigencia: cuando un recurso pertenece a todos, cada usuario tiene incentivos racionales para obtener de él el mayor beneficio posible, mientras el costo de deteriorarlo se reparte entre todos. El resultado es la destrucción colectiva de algo que todos necesitaban conservar. Hardin no estaba describiendo una desviación. Nos estaba retratando.
Propuso lo que llamó “coerción mutuamente acordada”: límites que todos aceptan porque todos necesitan. Aunque suena técnico, implica abordar un ángulo esencial de la convivencia: ¿cómo convences a alguien de renunciar a una ventaja individual por un bien que tal vez no verá completo en su vida? ¿Cómo logras que el ciudadano no vea la ley como un obstáculo sino como un pacto?
Jorge Paoli lleva esas preguntas a terreno concreto en su estupendo libro Cuidar lo común. Lo que más me interesa de su argumento no es el diagnóstico -que comparte con Hardin- sino el ángulo que aporta: Paoli, desde las empresas familiares, insiste en que el problema no es de recursos ni de reglas, sino de capacidades. Las comunidades que logran administrar lo compartido no son las que tienen mejores leyes; son las que han desarrollado habilidades para fortalecer vínculos, cultivar confianza y decidir juntos. Eso cambia el tipo de solución que uno busca. Si el problema fuera normativo, bastaría con mejores reglamentos. Si es de capacidades, la respuesta tiene que ser otra.
Tenemos una extraordinaria facilidad para entrar en conflicto con quienes compartimos algo. Paradójicamente pasamos años enseñando a los niños a competir, a diferenciarse, a acumular, pero no existe una formación sobre cómo tomar decisiones entre vecinos sin pelearte con la señora de enfrente. Sobre cómo negociar cuando soy nieto del fundador, pero tú también, y ambos creemos tener derecho a decidir. Sobre cómo ceder algo hoy para conservar algo mañana.
La consecuencia de este vacío es tangible: el condominio donde nadie paga las cuotas hasta que se cae la puerta, la tercera generación de socios que ya no se hablan, aunque sean primos, porque sus padres y abuelos no pusieron reglas claras. Es el parque, el presupuesto municipal. Cambia la escala, no la estructura. Es un fractal que explica cómo somos en familia, en el condominio, en el municipio y en el país. Cuidar lo que es de todos exige pensar el futuro.
Eso es lo que habría que enseñar. No solo matemáticas e historia. Que las sociedades no se miden por lo que acumulan en privado, sino por lo que son capaces de sostener en común. Y que sostenerlo requiere algo que nadie nos enseña a hacer bien: ceder, negociar, comprometerse con algo que no pertenece a nadie y nos pertenece a todos.
Mi padre lo sabía. Peleaba por el dinero invertido en un paso a desnivel porque intuía que sus nietos circularían por ahí. Hoy, una placa con su nombre en esa obra le da la razón. La diferencia entre él y quienes no participaban no era moral, sino temporal. Lo suyo, más que altruismo, era interés de largo plazo. Sabía que el destino individual vive dentro del colectivo, no a pesar de este.
El país no empieza en Palacio Nacional; empieza en la junta de condóminos.